El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha presentado la nueva ordenanza de ruidos que incluye medidas de actuación inmediata, como la posibilidad de que un agente de Policía Local sancione
o clausure un local si «estima» que supera los umbrales marcados por la
normativa, sin necesidad de contar con un sonómetro o ir
acompañado de un funcionario de Medio Ambiente, o la obligación de que
las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del
ruido, de un centro de transmisión de datos en tiempo real que remitirá la información al Consistorio para facilitar la inspección y control a distancia.
En rueda de prensa, Vílchez ha
explicado que esta ordenanza se debatirá en el Pleno de este viernes y
pretende adecuar las características de la ciudad a las «exigencias» de
la normativa andaluza, estatal y europeo. «Hay una razón legal para hacerla, ya que la anterior ha quedado desfasada»,
añade, insistiendo además en que la «prioridad» del Ayuntamiento es la
defensa del medio ambiente. Así, señala que en toda su tramitación ha
tenido un «importante grado de participación», no sólo de distintas
áreas municipales, sino también desde la ciudadanía, con colegios
profesionales y asociaciones vecinales. Vílchez recalca que en esta
ordenanza se potencia principalmente el principio de prevención, ya que «antes
de iniciar una actividad se tienen que cumplir una serie de requisitos
para que no haya emisiones de ruido por encima de lo permitido».
También, afirma que los movimientos vecinales lamentaban que existían
normas de ruidos pero que «quedaban sobre el papel, no tenían un
traslado en la calle, donde seguía existiendo niveles de ruido
insoportables en determinados casos y que no había posibilidad de
actuación porque no se contemplaba la intervención policial como sí lo
hace esta norma».
Así, hay hasta 17 artículos que
regulan el control policial de las actividades permitirán que los
agentes municipales «cuando se encuentre ante una emisión de ruido que
estime que puede vulnerar la norma establecida puede sancionar con
carácter leve e, incluso, suspender y clausurar la actividad». Esto no
era posible anteriormente ya que era necesario que ese policía llevara
sonómetro o que estuviera acompañado de un funcionario del área de Medio
Ambiente. «Al policía al que llamamos cuando nuestro vecino esta
molestando, podrá llegar y sancionar o clausurar si se trata de un
establecimiento», recalca, indicando que se recogen sanciones desde un mínimo de 300 euros a un máximo de 300.000 euros en función de la gravedad
de la infracción. Junto a la sanción económica, también se recoge que
se puede llevar a cabo la revocación o suspensión de la legalización de
su actividad, clausura o precintado de la maquinaria emisora de ese
ruido, entre otros. Vílchez detalla que esto se completa con que las
actividades que podían ser emisoras de ruido, que hasta el momento
tenían que tener autocontroladores del ruido, han de disponer de un
centro de transmisión de datos en tiempo real para facilitar la
inspección y control a distancia.
También, se recoge la prohibición de que haya bares con música, discotecas o salas de fiestas colindantes a viviendas,
se han rebajado los límites de ruido en interior de edificios como en
exterior, se regla lo relativo a vehículos a motor y sirenas, horarios y
ubicaciones de ensayos de bandas de música, la propaganda y venta
ambulante, entre otros. «Se pretende lograr una mejor calidad de vida de
ciudadanos y los demostramos día tras día con las distintas ordenanzas
que desarrollamos en defensa del medio ambiente», concluye.
