Ya no fue necesario celebrar el juicio. La primera vista penal que se celebra por contaminación acústica se saldó con una condena por conformidad: el acusado, aceptó una pena de 2 años de cárcel, 1.200 euros de multa y un año de inhabilitación para trabajar en el ámbito de la hostelería como autor de un delito contra el medio ambiente por los "ruidos constantes" causados durante cinco años en la cafetería que regentaba , y ya cerrada desde 2012. El condenado también debe indemnizar con 18.000 euros a la familia de la vivienda ubicada sobre el local, formada por un matrimonio y tres hijos. La mujer precisó tratamiento psiquiátrico y psicológico durante año y medio por los síntomas de ansiedad y depresión, con episodios de irritabilidad e insomnio, que sufrió, y su hijo pequeño de 11 años, que padece epilepsia y migrañas, tenía crisis más frecuentes al no poder dormir ni descansar adecuadamente.
"Esta sentencia es un precedente de que no se puede jugar con los ruidos; la gente debe saber que perjudicar el derecho de residencia, de descanso y de poder vivir tranquilamente tiene sus consecuencias",
La condena aceptada por el hostelero es firme y, en la sentencia, el tribunal casi con total seguridad se pronunciará favorablemente a la petición de la defensa de que se suspenda la ejecución de la pena, lo que evitará el ingreso en prisión de su cliente. La fiscal no se opuso a la solicitud del letrado, pero condicionado sobre todo a que el acusado abone la indemnización, para lo que se le han concedido plazos mensuales durante cinco años. Tampoco se oponen los denunciantes. "Aunque se podría haber obtenido una pena superior, se ha llegado a un acuerdo mínimo para evitar el ingreso en prisión [del acusado]; mi cliente era lo último que quería",
Todo empezó en 2007. En noviembre de ese año comenzó a explotar la cafetería, después de que el anterior titular le hubiese transmitido la licencia municipal para café bar sin música. Sin embargo, desde el principio el ruido excedió "el límite máximo permitido", según relata la Fiscalía, por lo que los perjudicados, con su vivienda justo encima del local y que escuchaban música y alboroto incluso en horas de madrugada, hablaron con él para que pusiese una solución. La insonorización del establecimiento era nula, por lo que la familia escuchaba hasta como un cliente pedía una consumición. "Primero lo intentaron amistosamente, explicándole al responsable del bar que tenían niños y no podían vivir así",
Mediciones de la Policía
Esto no surtió efecto, por lo que estos vecinos tuvieron que llamar a la Policía Local para que hiciese mediciones de sonido. Las pruebas realizadas en horas nocturnas durante varios años, entre 2008 y 2012, evidenciaron que el ruido superaba el límite máximo de 30 decibelios. En una de las ocasiones superó los 38. Pese a la presencia policial y los expedientes sancionadores, que fueron desde multa hasta la orden de cese de actividad, la situación no cambiaba, por lo que la familia no tuvo más opción que acudir a la vía penal.
De forma previa al juicio de ayer, ya consiguieron en 2012 que el hostelero cerrase el local, lo que permitió a los perjudicados recuperar "la normalidad". "Fueron cinco años de vibraciones y ruidos; el máximo perjudicado fue el hijo pequeño", describió la letrada, concretando que debido a las enfermedades que sufre y la falta de descanso, no podía ir a clase "regularmente". "Esta familia no podía disfrutar de su casa; llegaron a tener que cambiar temporalmente su residencia en verano o salir a pasear para evitar un estrés constante",
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